26.05.2017
"El desconocimiento y la estigmatización, sumado al enfoque principalmente legal que se le da al problema, le restan importancia a la necesidad urgente de que la víctima reciba un tratamiento médico integral, oportuno y confidencial" : Juan Matías Gil, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia.
 
En Colombia se entiende equivocadamente que las rutas de atención a sobrevivientes de violencia sexual requieren únicamente una denuncia penal. El hecho de que la violencia sexual sea tratada solamente como una cuestión legal y no como un problema de salud pública, no permite que el hecho se relacione con la necesidad urgente de consultar una estructura de salud buscando atención médica pertinente.
 
De los casos que Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió entre 2015 y 2016 en Tumaco, Nariño, y Buenaventura, Valle del Cauca, el 75 % fueron violaciones (penetración) y de ellos, solo el 7 % acudieron a los servicios médicos de urgencia dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho, siendo éste el tiempo máximo para la aplicación de protocolos post exposición (PEP), para enfermedades infecciosas, como VIH, gonorrea y sífilis, así como para prevención temprana de embarazos.
 
Los pacientes de MSF enumeran varias razones, entre ellas, amenazas del perpetrador, estigmatización y falta de confidencialidad por parte del personal sanitario; vergüenza o presión familiar.
 
Esther*, por ejemplo, nunca le contó a nadie sobre las violaciones sexuales que sufrió en su infancia por parte de actores armados, sin saber que su vida corría peligro. Ella, con el paso del tiempo, ha comprendido la importancia de asistir a las consultas psicológicas y de hablar sobre aquellos episodios que violentaron su vida. Ahora vive en una ciudad portuaria, donde asegura que “los grupos criminales  aterrorizan a la población violando mujeres por doquier”.
 
Historias como estas, en las que las mujeres son las víctimas de violencia sexual y no son tratadas a tiempo, llegan casi a diario a los puntos de atención psicológica de Médicos Sin Fronteras en Buenaventura, Tumaco y otras zonas del Pacífico que tienen altos índices de pobreza y criminalidad. No es un secreto que la violencia sexual sigue siendo un arma de sometimiento en el conflicto armado, sobre todo en los últimos años, cuando las organizaciones criminales han incluido la extorsión sexual dentro de sus estrategias de dominio.
 
Lamentablemente, esta realidad suele ser subestimada, normalizada, relativizada y subregistrada. Es un problema de salud pública que parece estar lejos de erradicarse, tanto en el marco del conflicto como en el mismo entorno familiar o social. En muchos casos, las mismas sobrevivientes no consideran algunos eventos vividos como violaciones (abuso, tocamiento y acoso), debido al desconocimiento de los temas que atañen su sexualidad.
 
Pero es que definir la violencia sexual en numerosas ocasiones exclusivamente por la ausencia de consentimiento es limitado. Hay que tener en cuenta, también,  los contextos en los que se da. Por ejemplo, en las zonas donde interviene MSF, el ejercicio de la sexualidad se desarrolla en un ambiente de pobreza, coerción, alta demanda de servicios sexuales y patrones socio-culturales que legitiman las relaciones sexuales inducidas por el propio entorno.
 
Por eso, para que las víctimas de este flagelo accedan a la atención médica requerida a tiempo resulta estrictamente necesario reforzar el mensaje de que la violencia sexual es una urgencia médica y es indispensable implementar estrategias extra murales de captación activa de casos, para garantizar la disponibilidad de tratamientos y la formación al personal sanitario que responda a los sobrevivientes integralmente (clínica y mentalmente), evitando la estigmatización y la revictimización.
 
* Se ha modificado el nombre del paciente para mantener su confidencialidad.
 

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